Un juez investiga a la Casa de Alba por reabrir pozos clausurados
La Guardia Civil acudió a retirar los precintos de nueve pozos en Sevilla y descubrió que llevaban cerca de dos meses funcionando sin autorización.
Un juzgado abrió una causa contra la Casa de Alba tras constatar que nueve pozos de agua en la finca Aljóbar, situada en la localidad de Aznalcázar (Sevilla), estaban en pleno funcionamiento antes de que se ejecutara formalmente la orden judicial para retirar sus precintos.
El hallazgo ocurrió el 22 de septiembre de 2026, cuando una patrulla de la Guardia Civil acudió al lugar para quitar los sellos de seguridad. Doce días antes, el tribunal había dictado el archivo del expediente ambiental y dispuesto la rehabilitación de los pozos. Sin embargo, al arribar al predio, las autoridades comprobaron que la maquinaria llevaba aproximadamente dos meses bombeando agua de manera previa a la notificación oficial.
El origen de las inspecciones en la finca
Las actuaciones sobre Aljóbar, propiedad gestionada por la sociedad Eurotécnica Agraria —vinculada a la familia Alba—, se iniciaron en la primavera de 2023 tras las denuncias presentadas por dos excolaboradores del establecimiento. Aunque el predio poseía autorización legal para operar un único pozo de riego, los efectivos policiales localizaron ocho perforaciones adicionales sin licencia ni contadores, las cuales eran cubiertas con mallas verdes para impedir su identificación mediante tomas aéreas. En febrero de 2025 se descubrió una novena estructura en las mismas condiciones.
De acuerdo con los peritajes de la Guardia Civil, a través de estos pozos irregulares se extrajeron entre 3.800 y 6.640 millones de litros de agua a lo largo de once campañas. La investigación estimó que la fruta cosechada con dicho recurso generó un beneficio ilegal de 5,1 millones de euros, mientras que el perjuicio ambiental provocado se evaluó entre 732.000 y 1,13 millones de euros.
Del archivo por delito ambiental a la investigación por desobediencia
Pese a la magnitud de los volúmenes extraídos, el juez determinó que el hecho constituía únicamente una infracción de carácter administrativo y no un delito penal. La resolución judicial fundamentó que el marco legal exige probar de forma fehaciente el daño directo al recurso hídrico y que la finca no toma agua del acuífero Almonte-Marismas —próximo al espacio protegido de Doñana—, sino del acuífero Aljarafe Sur. Esta reserva se situaba un 2 % por encima de los parámetros fijados para calificarla en mal estado, por lo que el tribunal concluyó que el riesgo no podía darse por sentado.
Con el expediente ambiental cerrado, el foco de la justicia quedó centrado de manera exclusiva en la reactivación anticipada de las bombas, por lo que ahora se investiga la presunta rotura de precintos y el delito de desobediencia.