Condenaron a un municipio por mantener 27 años a una empleada temporal
El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ordenó al Ayuntamiento de Firgas indemnizar con 7.501 euros a una auxiliar administrativa que encadenó contratos temporales desde 1997.
Una trabajadora del Ayuntamiento de Firgas, en Gran Canaria, que se desempeñó como auxiliar administrativa durante más de 27 años mediante contratos temporales, recibirá una indemnización de 7.501 euros tras un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC). La resolución judicial reconoció la existencia de un abuso continuado en la contratación por parte de la administración municipal.
La empleada ingresó al municipio el 1 de octubre de 1997. En 2014, una sentencia le otorgó la categoría de personal laboral indefinido no fijo, una figura que admitía la situación irregular pero no le concedía la titularidad del puesto. Sin cambios en su condición, la trabajadora continuó en esa posición hasta que solicitó una reparación económica de 10.000 euros. Aunque un juzgado de lo social de Las Palmas rechazó inicialmente la demanda, el TSJC revocó parcialmente esa decisión.
Los criterios para calcular la compensación
El tribunal utilizó una escala de montos mínimos según el tiempo que se extendió la irregularidad laboral, desligando la cifra económica del salario que cobraba la trabajadora:
- Entre 3 y 8 años de temporalidad: 1.000,1 euros.
- Entre 8 y 16 años de temporalidad: 2.000,1 euros.
- Más de 16 años de temporalidad: 5.001 euros.
A los 5.001 euros asignados por la antigüedad de la falta, la Sala sumó 2.500 euros adicionales debido a la gravedad y la persistencia de la situación. El fallo remarcó que Firgas fue el único municipio canario que no puso en marcha el proceso de regularización de su personal laboral, el cual debía concluir en 2024. El sindicato Sepca había denunciado esta inacción en enero de 2025, y una consulta enviada por el propio Ayuntamiento al Ministerio de Función Pública en diciembre de 2024 dejó constancia de que las autoridades conocían las implicancias de no realizar la convocatoria.
El impacto de la precariedad en el trabajador
En sus argumentos, el tribunal sostuvo que mantener a una persona en la incertidumbre sobre su estabilidad laboral durante décadas provoca por sí mismo un perjuicio personal y profesional que se incrementa con los años. Asimismo, se aclaró que esta indemnización no reemplaza a un eventual pago por despido, sino que responde de forma independiente al abuso cometido.
La problemática planteada refleja además las secuelas asociadas a la inestabilidad en el empleo. Diversos informes científicos abordan este escenario: un metaanálisis publicado en 2019 vinculó la inseguridad laboral con un 52 % más de probabilidades de padecer problemas de salud mental, mientras que revisiones del International Journal of Epidemiology y otros estudios masivos desarrollados en 2022 identificaron un mayor índice de afecciones psicológicas en trabajadores temporales en comparación con el personal de planta permanente.