Almeida revisa imágenes con IA para investigar la acampada en Sol
El Ayuntamiento de Madrid analiza cuadro por cuadro las grabaciones de la Puerta del Sol mediante inteligencia artificial para buscar posibles delitos de los manifestantes por la vivienda.
El equipo de gobierno del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, comenzó a revisar cuadro por cuadro los vídeos grabados en la Puerta del Sol mediante sistemas de inteligencia artificial. El objetivo de la medida, según publicó el diario El Mundo, es identificar eventuales delitos o infracciones cometidas por las personas que mantienen una acampada por el derecho a la vivienda en ese espacio público.
La protesta se originó a partir de una movilización convocada por el Sindicato de Inquilinas tras el desahucio de Maricarmen, una mujer de 87 años expulsada el 23 de septiembre del piso en Retiro donde residía desde los 17 años. Luego de la marcha del 26 de septiembre, realizada bajo el lema «Ni una Maricarmen más», varios participantes instalaron tiendas de campaña en la plaza. Aunque María del Carmen Abascal falleció el 7 de octubre en el Hospital Gregorio Marañón y el sindicato retiró su presencia oficial, la acampada continúa. El Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid consideran la ocupación ilegal según las ordenanzas municipales, mientras que la Delegación del Gobierno no dio la orden de desalojo.
Uso de tecnología e impacto legal
Para analizar el material, la administración local recurre a herramientas de inteligencia artificial conectadas al sistema de videovigilancia que funciona desde 2024. Este software permite hacer búsquedas cruzadas de personas y objetos mediante descripciones de vestimenta o rasgos en extensas jornadas de grabación. En la Puerta del Sol existen siete puntos de vigilancia tras la instalación de cuatro nuevas cámaras en la última renovación, aunque la transmisión pública de la zona lleva semanas fuera de servicio.
Mientras los sectores partidarios de la protesta señalan que el análisis exhaustivo de las imágenes constituye una persecución ideológica, el Consistorio sostiene que se trata de una investigación de posibles ilícitos. La controversia vuelve a poner sobre la mesa los límites jurídicos entre la vigilancia urbana y las garantías individuales.
Límites normativos y privacidad
El uso de estas tecnologías enfrenta diversos condicionantes legales. Por un lado, la Constitución reconoce en su artículo 21 el derecho de reunión y en el artículo 18 la protección a la intimidad. Asimismo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos sentó precedente en 2023 con el fallo del caso Glukhin contra Rusia, al determinar que la identificación facial de un manifestante pacífico en el metro vulneró los artículos 8 y 10 del Convenio Europeo.
En el plano normativo español, la Ley Orgánica 4/1997 fija que las grabaciones de las cámaras policiales requieren autorización previa con informe de una comisión de garantías y establece la destrucción del material en un mes como regla general, salvo que contenga hechos delictivos. A su vez, la Ley Orgánica 7/2021 condiciona el tratamiento de datos biométricos a lo estrictamente indispensable.
Respecto al Reglamento Europeo de Inteligencia Artificial, su normativa contempla la obligación de solicitar autorización judicial en un plazo máximo de 48 horas cuando se aplica identificación biométrica en diferido para buscar sospechosos. Sin embargo, la exigencia de estas obligaciones operativas fue postergada hasta el 2 de diciembre de 2027 a partir de la publicación del denominado Ómnibus Digital en julio pasado.