Santa Cruz de Tenerife definió la delimitación y el funcionamiento de su Zona de Bajas Emisiones (ZBE). La medida llega en cumplimiento de la normativa española que exige a los municipios de más de 50.000 habitantes implementar áreas restringidas para mejorar la calidad del aire.
La capital tinerfeña concretó la propuesta tras más de tres años desde que la exigencia legal entró en vigor en el territorio español, estableciendo normas específicas para el control del tránsito en sus sectores más concurridos.
Los detalles de la ZBE en la capital tinerfeña
El área delimitada por el Ayuntamiento abarca casi en su totalidad a los barrios de El Toscal y Zona Centro. Se trata de un sector clave de la ciudad donde viven más de 16.000 personas y se contabilizan diariamente más de 200.000 trayectos, lo que lo convierte en uno de los puntos con mayor flujo vehicular de toda la isla.
La regla principal prohíbe el ingreso a los vehículos que carezcan de distintivo ambiental de la Dirección General de Tráfico (DGT), siempre que sus propietarios no estén domiciliados dentro de este perímetro restringido.
Excepciones contempladas en la normativa
Para no paralizar la actividad económica ni el traslado de personas que requieren asistencia, la regulación prevé exenciones específicas. Podrán ingresar al área los siguientes colectivos:
- Residentes empadronados dentro del perímetro.
- Trabajadores habituales en la zona.
- Transportistas y repartidores.
- Conductores que trasladen a personas de edad avanzada o con problemas de movilidad.
Un marco legal con aplicaciones diversas en España
La implementación de las ZBE en España se caracteriza por la disparidad de criterios entre municipios. Debido a que el Gobierno estatal no diseñó un régimen sancionador unificado ni fijó un modelo único sobre cómo debían proyectarse estas zonas, cada ayuntamiento adoptó un esquema propio.
Esta flexibilidad derivó en situaciones disímiles en distintas ciudades del país, con municipios que optaron por áreas reducidas, controles por horarios o ubicaciones fuera del casco histórico, adaptando la exigencia legal a sus particularidades locales.