domingo 22 de noviembre
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Rechazo del sector de centros de datos al nuevo decreto en España

La patronal Spain DC, encabezada por Begoña Villacís, criticó las exigencias ambientales aprobadas por el Gobierno español y anunció que recurrirá la normativa ante la justicia.

Por Radio Plaza
Publicado · 3 min de lectura
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Fuente: fallback

El Gobierno de España aprobó el Real Decreto 1032/2026, una normativa destinada a regular la sostenibilidad y la soberanía digital de las infraestructuras de procesamiento de datos. La medida, tramitada por procedimiento de urgencia y con más de 600 alegaciones presentadas, generó una reacción inmediata en la industria tecnológica.

La asociación patronal Spain DC anunció que recurrirá la norma ante los tribunales y solicitará medidas cautelares. Su directora ejecutiva, la exvicealcaldesa de Madrid Begoña Villacís, sostuvo que las condiciones impuestas representan una prohibición de facto y aseguró que la regulación equivale en la práctica a la paralización de la actividad del sector en territorio español.

Las nuevas exigencias energéticas

La nueva regulación alcanza a aquellas instalaciones que posean una potencia de 10 MW o superior. Para obtener conexión a la red eléctrica, las empresas deben certificar que el 80 % de su consumo proviene de nuevas fuentes renovables.

El punto de mayor controversia es la exigencia de la denominada correlación horaria. Este requisito obliga a los centros de datos a demostrar, hora por hora, que el 80 % de la energía utilizada en cada momento exacto fue generada por fuentes renovables contemporáneas a ese consumo. Adicionalmente, el texto exige alcanzar la calificación de clase A en materia de eficiencia energética e hídrica.

La postura de la patronal y las alternativas contempladas

Desde Spain DC remarcaron que el funcionamiento continuo de los centros de datos resulta incompatible con la variabilidad de la generación solar y eólica. Según explicó Villacís, la tecnología actual de baterías solo permite ofrecer cobertura por periodos de hasta cuatro horas, por lo que cumplir con este esquema requeriría construir una infraestructura de generación adicional cuyo proceso de tramitación de permisos suele demorarse en el tiempo.

Para las empresas que no puedan cumplir con la correlación horaria desde el primer momento, el texto reglamentario habilita la opción de adherirse al Sistema de Reducción Automática de Potencia (SRAP). Este mecanismo otorga un margen de adaptación de cinco años a cambio de autorizar a Red Eléctrica a desconectarlas prioritariamente de la red cuando razones de interés general así lo requieran.

Villacís advirtió que la severidad de estas exigencias sitúa al país en una posición desventajosa frente al resto del continente europeo, lo que según la directiva provocará la cancelación de proyectos planificados y el traslado de inversiones hacia otros destinos.

Proyecciones de consumo de electricidad

El debate regulatorio se da en un contexto de rápido crecimiento de los servicios digitales y la inteligencia artificial. De acuerdo con estimaciones de la Agencia Internacional de la Energía (AIE), la demanda eléctrica global de este sector se duplicará para el año 2030, alcanzando los 945 TWh y representando aproximadamente el 3 % del consumo mundial.

En el caso español, el informe anual de Spain DC detalló que las instalaciones existentes absorbieron el 0,8 % de la energía eléctrica consumida en 2025. Sin embargo, los cálculos del Poder Ejecutivo prevén que la demanda vinculada a estas infraestructuras se situará entre los 3,5 y los 4 GW para finales de la década, lo que motivó la búsqueda de mecanismos para mitigar el impacto energético y evitar un aumento en las tarifas para los usuarios residenciales.

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