Proteger los océanos se convirtió en una de las mayores prioridades ambientales a nivel global. Sin embargo, la efectividad real de las Áreas Marinas Protegidas (AMP) suele verse condicionada por la pesca permitida, la falta de controles y una gestión que resulta insuficiente en muchos territorios.
A nivel internacional, la Meta 3 del Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal fijó como compromiso la conservación y gestión eficaz de al menos el 30% de las zonas marinas, costeras, terrestres y de aguas continentales para el año 2030. No obstante, las cifras oficiales muestran que el camino por recorrer todavía es amplio y complejo.
La brecha entre las metas y la superficie protegida
De acuerdo con los registros de organismos como Protected Planet y el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP-WCMC), actualmente cerca del 9,79% del océano se encuentra bajo el esquema de áreas marinas protegidas. Esta cobertura es notablemente mayor en las aguas de jurisdicción nacional que en las zonas situadas en alta mar.
Sin embargo, la cantidad de hectáreas delimitadas no equivale necesariamente a una conservación efectiva. Hacia 2025, las zonas con protección total o alta apenas alcanzaban el 3,81% de la superficie marina global, mientras que las áreas con protección mínima representaban un 5,81%. Reportes citados por el portal especializado Phys señalan que menos del 2% del océano estaría en áreas protegidas donde los ecosistemas logran recuperarse de forma real, aunque este dato se considera aún provisional hasta contar con una confirmación científica definitiva.
Factores clave para el éxito de una reserva marina
Los análisis científicos destacan que evaluar la superficie delimitada no alcanza para medir el impacto de la conservación. Para determinar si un área funciona es necesario revisar el nivel real de protección, la etapa de implementación en la que se encuentra y los resultados ecológicos alcanzados.
Para que una reserva marina logre resultados positivos duraderos, la evidencia señala la necesidad de prohibir la pesca, garantizar la aplicación estricta de las normas, contar con una antigüedad superior a diez años y disponer de un hábitat aislado de presiones externas.
En este sentido, un estudio publicado en la revista PNAS en 2024, que examinó más de 14.000 censos, identificó que las áreas de prohibición total logran un incremento mediano en la biomasa de peces del 58,2%, en comparación con el 12,6% registrado en áreas de uso múltiple. No obstante, al ajustar las variables mediante modelos estadísticos bayesianos, la diferencia entre ambos tipos de reserva se redujo al 8,3%. Este hallazgo demuestra que las zonas de uso múltiple pueden ofrecer resultados similares a las de prohibición total si disponen de personal suficiente y reglas claras, mientras que fracasan cuando el control es escaso y la normativa resulta débil.
A todas estas dificultades de gestión e implementación se suma además el impacto del cambio climático, que afecta globalmente a los ecosistemas marinos más allá de las fronteras que se fijen en el mapa.