Aragón se convirtió en un destino estratégico para el despliegue de infraestructura digital en Europa. La multinacional Amazon Web Services (AWS) impulsó la construcción de campus de centros de datos en localidades como Villanueva de Gállego, El Burgo de Ebro y Huesca. Las ventajas competitivas de la zona radican en la agilidad administrativa: los trámites y licencias ambientales en la región demoran entre 10 y 18 meses, frente a los cuatro o cinco años que pueden tardar en otros países europeos.
Sin embargo, el impacto en los recursos locales, como el consumo eléctrico y de agua, abrió un intenso debate sobre los beneficios económicos reales que estas instalaciones dejan en las comunidades donde se radican.
El mecanismo impositivo del IAE
Desde la puesta en marcha de los primeros centros de datos en 2022, AWS optó por abonar el Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) mediante la modalidad de cuota nacional. Esta figura legal está contemplada en la normativa fiscal para empresas que operan en múltiples provincias y la administra directamente la Agencia Tributaria desde Madrid.
A pesar de que el marco regulatorio permite al contribuyente elegir este tipo de cuota cuando la tarifa prevé más de una categoría, la decisión impide que los municipios aragoneses cobren de forma directa la cuota local del tributo.
Reclamos y reparto de la recaudación
El contraste entre el uso de los recursos del territorio y la centralización fiscal provocó el rechazo de las autoridades y habitantes de la zona. El alcalde de El Burgo de Ebro calificó este esquema impositivo de «lamentable y vergonzoso», mientras que investigadores de Ecología Política como Enol Nieto cuestionaron el supuesto interés general de estos desarrollos en la región.
La legislación establece que los fondos recaudados mediante las cuotas nacionales del IAE no quedan asignados a la ciudad de Madrid. Un real decreto regula su distribución entre los municipios y diputaciones del territorio común, destinando el 80% de lo recaudado a las localidades en función de variables como la población. No obstante, en los pueblos donde se asientan las instalaciones persiste el descontento al no recibir un tributo directo por la actividad que albergan.