Según las estadísticas más recientes publicadas por la Agencia Tributaria de España, el número de contribuyentes que declaran un patrimonio superior a los 30 millones de euros se duplicó en los últimos once años. El fenómeno refleja un proceso de concentración de riqueza en el país ibérico, donde al mismo tiempo se registró una leve baja en el total global de aportantes del Impuesto sobre el Patrimonio.
En 2013, las autoridades fiscales españolas tenían registradas a 471 personas dentro de esa franja patrimonial. Para el período correspondiente a 2024, ese grupo alcanzó a 1.023 contribuyentes, tras sumar 158 nuevos nombres en el último año, lo que representó el salto incremental más alto de la serie estadística.
La evolución del patrimonio más alto
El crecimiento del grupo de grandes fortunas ha sido constante a lo largo de la última década. En 2014 se registraron 508 contribuyentes en esa categoría; en 2015 la cifra subió a 549 y en 2017 a 611. Salvo un leve retroceso en 2018, cuando bajó a 608 casos, la tendencia continuó en ascenso: 831 en 2021, 852 en 2022 y 865 en 2023, antes de superar el millar en la medición de 2024.
El patrimonio total declarado por los contribuyentes obligados a presentar el tributo alcanzó los 986.985 millones de euros, lo que implicó un aumento del 5,7% en comparación con 2023. En contraste, la cantidad total de declarantes obligados a tributar por el Impuesto sobre el Patrimonio disminuyó un 0,5%, situándose en 227.424 personas. Esto indica que aunque el número general de declarantes se redujo ligeramente, el patrimonio medio de quienes tributan se incrementó un 6,4% respecto al ejercicio anterior.
Cambios fiscales y recaudación récord
El marco normativo alrededor de este tributo tuvo diversas modificaciones en España. El Impuesto sobre el Patrimonio fue eliminado en 2008 y reintroducido con carácter temporal en 2011 durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero, manteniéndose posteriormente bajo las administraciones de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. Durante un período, comunidades autónomas como Madrid aplicaron bonificaciones del 100%, dejando sin carga fiscal efectiva a las grandes fortunas radicadas allí.
Esa situación cambió en 2022 con la creación del Impuesto de Solidaridad de las Grandes Fortunas por parte del Gobierno central. Esta medida impuso un gravamen a los patrimonios superiores a tres millones de euros en los casos donde no se abonara el tributo autonómico, lo que llevó a jurisdicciones como Madrid y Andalucía a reactivar sus propios impuestos patrimoniales para conservar la recaudación. Antes de este ajuste, sólo el 27,6% de las grandes fortunas tributaba por este concepto, mientras que actualmente la cobertura es casi total.
Como resultado de esta dinámica, el Estado español logró un récord de recaudación por el Impuesto sobre el Patrimonio en 2024, alcanzando los 2.153,7 millones de euros, lo que significó un crecimiento del 9,3% en relación con el año anterior.