La Guardia Civil de la Comandancia de Almería logró desarticular tres grupos criminales en el marco de la denominada operación Tabula Rasa. La investigación permitió detectar un total de 188 empadronamientos fraudulentos y derivó en la detención de 18 personas en distintos municipios de la provincia española.
El entramado cobraba sumas de dinero a ciudadanos extranjeros para inscribirlos de manera irreal en domicilios donde no residían, una maniobra clave para acceder a servicios básicos y realizar trámites administrativos.
Modus operandi y denuncias de los vecinos
Las primeras investigaciones comenzaron en 2025 a partir de las denuncias presentadas por vecinos que, al solicitar su certificado de empadronamiento, descubrieron que en sus propias viviendas figuraban registradas personas totalmente desconocidas. La maniobra se concentró en grandes bloques de viviendas para dificultar el rastreo de las altas irregulares. En un edificio de la localidad de Aguadulce, por ejemplo, figuraban más de cien empadronados a pesar de que la propiedad estaba completamente deshabitada.
La red cobraba entre 800 y 2.500 euros por cada dirección facilitada. Para dar apariencia de legalidad a los expedientes, los sospechosos falsificaban recibos de luz y agua y utilizaban la identidad de propietarios reales sin su autorización. Hasta el momento se identificó a 69 víctimas estafadas por este grupo. Los detenidos enfrentan cargos por pertenencia a grupo criminal, favorecimiento de la inmigración ilegal, falsedad documental, estafa y usurpación de estado civil.
Alcance del operativo y contexto provincial
Las detenciones se concretaron en las localidades de Adra, Almería capital, La Mojonera, El Ejido y Roquetas de Mar, siendo esta última el epicentro de las operaciones ilícitas. Aunque las autoridades dieron por cerrada la primera fase del operativo, no se descarta que el número de arrestados aumente con el correr de los días.
La operación supera un antecedente cercano registrado en agosto, cuando la Policía Nacional había detenido a 15 personas por 47 registros irregulares en Almería, Níjar y Canjáyar. El empadronamiento resulta un requisito clave para acceder a la atención sanitaria, la escolarización, ayudas sociales y trámites de arraigo social en el país.